Cuando cambia el riesgo, debe cambiar la gestión

El temporal que afectó recientemente a Tocopilla dejó en evidencia su vulnerabilidad más allá de la emergencia. Precipitaciones inusuales, activación de quebradas, calles cubiertas de barro, y aluviones que movilizaron residuos desde antiguos depósitos de cenizas de termoeléctricas hacia sectores costeros. El episodio plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con las obligaciones de una empresa cuando cambia el entorno de riesgos bajo el cual fue diseñada y autorizada?

Décadas de generación termoeléctrica dejaron pasivos ambientales que permanecen después de su cierre. Los depósitos de cenizas son sitios con presencia de contaminantes como arsénico, plomo, mercurio, cadmio y cromo. Si bien su presencia no implica necesariamente un riesgo, y este depende de concentraciones, transporte y vías de exposición a la población. La ausencia de un riesgo demostrado tampoco permite descartarlo, ni elimina el problema de gestión.

Después de los aluviones de 2015 ya se denunciaron episodios de arrastre de cenizas y carbón. La posibilidad de que ocurriera nuevamente no era inimaginable. En el norte de Chile, una tendencia hacia condiciones más secas coexiste con una mayor frecuencia de precipitaciones extremas. Por ello, si el riesgo era razonablemente previsible, sus consecuencias podían mitigarse.

El caso releva la relevancia de los criterios ESG y de divulgación financiera. La Corporación Financiera Internacional (IFC), dispone de Estándares de Desempeño Ambiental y Social que sirven como referencia para evaluar y gestionar impactos de grandes proyectos de inversión. Estos estándares, junto con los Principios de Ecuador, buscan que proyectos que requieren financiamiento identifiquen sus riesgos ambientales y sociales a priori, adopten medidas para evitarlos o reducirlos y los gestionen durante todo su ciclo de vida.

Por su parte, la norma internacional de información financiera a revelar relacionada con el clima (NIIF S2), emitida por el International Sustainability Standards Board (ISSB), exige que las empresas identifiquen riesgos físicos asociados al cambio climático, describan cómo son gestionados y evalúen si su estrategia es resiliente ante escenarios climáticos futuros.

Esto es especialmente relevante para instalaciones que cesan su operación. La descarbonización requiere cerrar centrales termoeléctricas, pero eso no obsta que se eliminen adecuadamente residuos acumulados durante décadas. Una transición responsable requiere gestionar estos pasivos. Lo mismo aplica a relaves mineros, depósitos de residuos peligrosos, tranques, infraestructura costera, carreteras, obras hidráulicas, entre otros.

La gestión ambiental tradicional apunta a controlar que una instalación cumpla las condiciones bajo las cuales fue aprobada. Sin embargo, el desafío es gestionar responsablemente los riesgos que vienen. La idea central es sencilla: gestionar el riesgo climático implica no solo cumplir con normas diseñadas para el clima del pasado, obliga a adaptarse a las condiciones del futuro.