El llamado proyecto de reconstrucción, o ley miscelánea, abarca más de 40 medidas, pero su evaluación central se juega en un dilema: cuánto estrés (o déficit) fiscal adicional estamos dispuestos a soportar para estimular el crecimiento económico.

Las posiciones frente a ese dilema reflejan valoraciones distintas: algunos privilegian el crecimiento y aceptan el riesgo fiscal; otros priorizan la prudencia y exigen compensaciones que no comprometan las finanzas públias. Cuánto sacrificar de uno u otro es parte central del debate. Por ello, se requiere una evaluación razonable de cuánto crecimiento cabe esperar. Los datos disponibles sugieren que esa expectativa es má incierta de lo que el debata pública que ha reflejado.

Nuestra institucionalidad fiscal tiene como fortaleza la incorporación de un informe financiero que cuantifique su impacto, incluyendo el efecto crecimiento esperado. Según este informe, el paquete generaría un déficit fiscal en los primeros años, y luego se compensaría gradualmente por un mayor crecimiento que generaría, al décimo año, ingresos adicionales de 0,91% del PIB. Sin ese efecto crecimiento, el crecimiento, el balance sería negativo: -0,65% del PIB ese mismo año.

Buena parte de esa estimación depende de un parámetro que vincula la rebaja del impuesto corporativo con crecimiento. El informe finacniero utiliza un valor tomado de la Comisión Marfán: por cada punto de reducción, el PIB aumentaría 0,65% en un horizonte de diez años.

¿Cuánta incertidumbre rodea a ese parámetro? Bastante. La Comisión Marfán lo presenta como un valor intermedio dentro de un rango que va de 0,4% a 1,0%, y es sensible a la selección de estudios considerados. El propio Marfán acaba de señalar que “son órdenes de magnitud gruesos” y que “se debió haber sido más conservadores, pero acá se hace todo lo contrario”.

Es clave preguntar cómo cambian las conclusiones del informe financiero si el parámetro adopta otros valores. Es posible que, con supuestos más conservadores, pero plausibles dentro del rango sugerido por la propia Comisión Marfán, el balance fiscal se invierta. Así, lo que se presenta como una reforma autofinanda generaría, bajo otros supuestos, un deterioro fiscal.

Cuando una decisión de este tipo depende fuertemente de un parámetro incierto, la propuesta podría incluir un análisis de sensibilidad y plantear cusos de acción ante diferentes escenarios. El Consejo Fiscal Autónomo podrías aportar con un pronunciamiento que muestre cómo fluctúa el balance fiscal del proyecto bajo distintos supuestos. Más allá del ejercicio técnico, sería importante conocer cómo se abordaría el déficit en caso de materializarse: ¿aumentando la deuda acumulada? ¿Recortando el tamaño del Estado?

A mi juicio, la reforma, tal como está planteada, sacrifica importante recaudación fiscal ante una expectativa de crecimiento demasiado incierta.

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Esta columna de opinión fue publicada el día miércoles 29 de marzo, en La Segunda.